[Escrito originalmente en inglés por Peter Hirschfeld, traducción al español por MarÃa Aguirre.]
Una de las principales promesas de la campaña del presidente electo Donald Trump podrÃa traer graves consecuencias para los habitantes de Vermont que viven en el paÃs sin autorización legal, y los defensores quieren que los funcionarios locales y estatales protejan a los trabajadores agrÃcolas migrantes y a otros inmigrantes de cualquier esfuerzo de deportación masiva emprendido por el gobierno federal.
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Trump ha prometido repetidamente deportar a todas las aproximadamente 11 millones de personas que viven ilegalmente en Estados Unidos. Esta población incluye aproximadamente 1,500 inmigrantes que viven y trabajan en las granjas lecheras, muchos de los cuáles han residido en el estado por más de una década.
Una mujer a la que ¿ªÔÆÌåÓý se refiere solo como Rosie, por su estatus migratorio, dijo a través de un intérprete que la comunidad migrante está “asustadaâ€� y “temerosaâ€�.
“Ellos también entienden que esta no es la primera vez que esto ha pasadoâ€�, dijo Rosie, miembro de una organización llamada Migrant Justice, la cual trabaja para mejorar las protecciones y condiciones laborales de los trabajadores agrÃcolas.
“Muchos miembros de la comunidad que han estado aquà por años trabajando en granjas lecheras saben lo que viene y estamos preparados para eso�.
Estos preparativos incluyen esfuerzos de organizaciones como Migrant Justice y la ACLU de Vermont para crear salvaguardas a nivel estatal para personas cuyo estatus migratorio los pone en riesgo de deportación.
Cooperación local
Un reciente análisis realizado por el Immigrant Resource Legal Center (Centro de recursos legales para inmigrantes) encontró que durante la pasada década, al menos 70% de arrestos realizados por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) dentro de Estados Unidos involucraron la colaboración con otras agencias policiales, como la policÃa estatal o local.
“El tipo de esfuerzos de deportación masiva con la que amenaza la administración de Trump solo puede funcionar a gran escala con la participación activa de gobiernos estatales y locales�, dijo en inglés Lia Ernst, directora legal de ACLU de Vermont.
“Y no tenemos que tomar esa decisión�.
Durante el primer mandato de Trump, el gobernador Phil Scott y los legisladores se movieron rápidamente para establecer el tipo de protecciones que la ACLU ha solicitado. Scott firmó legislación en 2017 que requiere que las agencias estatales y locales de cumplimiento de ley obtengan permiso del gobernador antes de celebrar contratos –conocidos como acuerdos 287(g)â€� que les permitirÃan colaborar en las actividades federales de control de inmigración. Ese estatuto sigue vigente hoy.

La Legislatura también expandió y actualizó una polÃtica de vigilancia justa e imparcial a nivel estatal que busca prevenir que la policÃa estatal y local colabore con Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. o con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas en asuntos de inmigración civil.
El acto de estar en EE.UU. sin autorización es generalmente una ofensa civil. Las violaciones de inmigración pueden en ciertas instancias traer cargos criminales, como cuando alguien es reportado y luego regresa sin permiso.
“Hemos demostrado antes que tomaremos cualquier acción necesaria para proteger a los residentes de Vermont, y a algunas de esas personas que están aquà y que necesitamos tener como parte de nuestras comunidades�, dijo Scott en inglés, durante una conferencia de prensa la semana pasada.
El efecto Trump
Scott dice que es prematuro promulgar cualquier medida adicional antes del segundo mandato de Trump. Y dijo que él está escéptico de que la próxima administración tenga el apetito o capacidad para el tipo de deportación masiva que podrÃa poner en peligro la residencia de los trabajadores agrÃcolas de Vermont.
Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. remitió una consulta sobre posibles cambios en las polÃticas de aplicación de la ley al equipo de transición de Trump, el cual no respondió a una solicitud de entrevista.
“Y no estoy seguro de que conocemos completamente su plan, porque no veo que lo que ha propuesto es realista�, dijo Scott, un Republicano que votó por la vicepresidenta Kamala Harris.
“Y yo creo que quienes llegan al poder con él lo entenderÃanâ€�.
La fiscal general demócrata Charity Clark dijo que ella está más “nerviosaâ€�. En 2017, ella dijo que las personas leÃan las promesas de campaña de Trump como “hipérbolesâ€�.
“Ahora lo sabemos mejorâ€�, le dijo Clark, en inglés, a ¿ªÔÆÌåÓý. “Sabemos a lo que se refiere, y podemos prepararnos para esoâ€�.
Clark dice que ella está lista para usar su peso en su oficina para bloquear cualquier acción de la administración de Trump que viole los derechos de los residentes de Vermont.
“Ampliamente hablando, cuando el gobierno federal viole una ley federal o la Constitución, los estados tienen legitimidad de demandar�, dijo ella.
“Y eso es lo que hemos hecho en el pasado, y es lo que haremos en el futuro si necesitamos hacerlo�.
VacÃos de información
Pero Clark y otros funcionarios de cumplimiento de ley del estado no han estado dispuestos a aceptar una solicitud clave de los trabajadores agrÃcolas migrantes y de sus aliados: una actualización de la polÃtica de vigilancia justa e imparcial de Vermont que prohibirÃa explÃcitamente a la policÃa compartir información relacionada con el estatus migratorio o de ciudadanÃa de una persona con las autoridades federales.
Will Lambek, con Migrant Justice, dijo que la falta de esa provisión ha creado “vacÃos peligrosos que podrÃan ser explotados por oficiales de la policÃa que buscan asistir a la promesa del presidente electo Trump de deportación masivaâ€�.
“Y pensamos que las agencias estatales y locales de cumplimiento de ley deberÃan cerrar esos vacÃosâ€�, dijo él en inglés.

Clark dijo que cualquier prohibición sobre el tipo de intercambio de información que Migrant Justice y la ACLU buscan violarÃa una ley federal que prohÃbe a los estados impedir que las agencias policiales se comuniquen con las autoridades federales por temas de inmigración.
Chris Brickell es el director ejecutivo del Consejo de Capacitación en Justicia Penal de Vermont (CCJPV), el cual certifica el cumplimiento de la polÃtica de vigilancia justa e imparcial de Vermont.
“No podemos violar una ley federal�, dijo Brickell en inglés. “Y aunque algunos no estén de acuerdo con ellos, ellos son la ley en la tierra. Y estamos requeridos a seguir la ley federal, asà que no podemos hacer algo que nos ponga en contradicción directa con la ley federal�.
Brickell dice que la polÃtica de vigilancia justa e imparcial sà prohÃbe a la policÃa compartir información como la dirección de una persona, ubicación, número de teléfono, apariencia fÃsica o número de licencia. Y él dijo que estas provisiones limitan la posibilidad de que la policÃa local o estatal brinden este tipo de información que las autoridades federales podrÃan necesitar para ubicar y detener a alguien sospechoso de estar en este paÃs ilegalmente.
Apetito local
Algunas jurisdicciones quieren llegar más lejos, a pesar de la ley federal. A comienzos de este año, el pueblo de Richmond presentó una propuesta de polÃtica de vigilancia justa e imparcial al Consejo de Justicia Penal que incluÃa prohibiciones generales sobre compartir información relacionada con el estatus migratorio de un individuo. Sin embargo, el Consejo se negó a aprobar esa polÃtica después de que el personal consideró que no cumplÃa con la ley federal y estatal.
La ley estatal, según Kim McManus, el consejero general del CCJPV, dijo que cualquier polÃtica de vigilancia justa e imparcial que esté en “conflictoâ€� con el código federal se considerará “abolidaâ€� en el momento de su adopción.
“El consejo no puede, en buena fe, adoptar una polÃtica y hacer que otras agencias acepten esa polÃtica que está en conflicto directo con la ley federal y con nuestra ley estatalâ€�, dijo McManus en inglés.
El consejo no puede, en buena fe, adoptar una polÃtica y hacer que otras agencias acepten esa polÃtica que está en conflicto directo con la ley federal y con nuestra ley estatal.Kim McManus
David Sander, presidente del directivo selecto de Richmond, dijo que la propuesta de polÃtica del pueblo reflejó los aportes de los residentes locales, cientos de los cuales asistieron a foros para hablar a favor del lenguaje favorecido por Migrant Justice.
“Y estoy personalmente incómodo con estar en una situación donde hay una expectativa de que la fuerza policial local podrÃa y deberÃa ser utilizada como una herramienta de control de la inmigraciónâ€�, dijo Sander en inglés.
“En mi opinión, esto es algo que realmente no es pertinente para la polÃtica local. Pero estamos en una situación incómoda donde sà esâ€�.
Migrant Justice y la ACLU argumentan que la ley estatal no prohÃbe que el CCJPV apruebe polÃticas que violen el código federal. Y dicen que este fue diseñado especÃficamente para permitir que las agencias locales desafÃen la ley federal en maneras que no impliquen a las agencias estatales.
Otras agencias de cumplimiento de ley dicen que las polÃticas de vigilancia justa e imparcial del estado van demasiado lejos. El alguacil del condado de Essex, Trevor Colby, presentó la propuesta de una polÃtica al Consejo de Capacitación en Justicia Penal de Vermont que reducÃa las restricciones a las comunicaciones entre sus oficiales y las autoridades federales de inmigración.
El Consejo se negó a aprobar la polÃtica, diciendo que no cumplÃa con los criterios mÃnimos. Colby dijo en un correo al personal del Consejo que él cree que las restricciones de comunicación en el modelo de polÃtica de vigilancia justa e imparcial de Vermont viola la ley federal.
“Creo que todos los miembros del consejo que votan para aprobar la polÃtica están en violación directaâ€�, escribió en inglés.
“Y cualquier persona que colabore en la aplicación de las sanciones por no adoptar la polÃtica es cómpliceâ€�.
En una entrevista con ¿ªÔÆÌåÓý, Colby dijo que él está menos interesado en ayudar a los oficiales federales a detener a trabajadores agrÃcolas migrantes que en advertir a los agentes de cruces ilegales en la frontera. Los funcionarios de la Patrulla Fronteriza dicen que los cruces ilegales en el sector de Swanton el año pasadoâ€� un tramo de 300 millas que incluye el condado de Essex –rompió el récord anterior.
Colby dijo que él y sus agentes habÃan presenciado algunos de esos incidentes. También dijo que los residentes de su condado tenÃan un interés público en que se resolvieran rápidamente.
“¿Por qué están entrando ilegalmente?, ¿tienen algún récord criminal que prohÃbe que entren?, ¿han sido retirados del paÃs múltiples veces?, ¿están contrabandeando algo?â€�, dijo Colby en inglés.
“La patrulla fronteriza en la zona norte del paÃs es mi equipo de primera respuesta. Y son ellos los que tienen una mayor presencia policialâ€� que cualquier otroâ€�.
No todos piensan que los planes de deportación de Trump son malas polÃticas públicas, claro â€� el presidente electo ganó el voto popular el DÃa de Elecciones con más de tres millones de votos. Harris venció a Trump en Vermont 63% a 32%, aunque Trump obtuvo más votos en Vermont que en sus dos anteriores intentos.
Ira Mehlman, director de medios de la Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense, dijo que por ejemplo, las visiones de Trump de hacer redadas en los lugares de trabajo son “absolutamenteâ€� una intervención apropiada. Él dijo, en inglés, que la calidad del mercado laboral estadounidense se ha visto afectada en gran medida porque las laxas polÃticas de inmigración han fomentado una carrera hacia el abismo entre los empleadores.
“Hemos creado profecÃas autocumplidas en muchos sectores de nuestro mercado laboral, donde si ofreces sueldos pobres y malas condiciones de trabajo, entonces no encuentras estadounidenses o inmigrantes legales que estén preparados para hacer esos trabajos con los salarios y las condiciones laborales que se ofrecenâ€�, dijo Mehlman.

Mientras tanto, la investigación realizada por el Consejo de Inmigración Estadounidense sugiere que los hogares inmigrantes â€� incluyendo aquellos que están en el paÃs sin autorización â€� son parte de la columna vertebral de la economÃa de EE.UU.
Anson Tebbetts, secretario de la Agencia de Agricultura de Vermont, dijo que el sector lácteo de Vermont es fuertemente dependiente de los trabajadores agrÃcolas migrantes que viven y trabajan aquÃ.
“Desempeñan un rol muy valorado. Muchos han estado aquà por muchos, muchos años. Son un apoyo muy grande en la industria agrÃcola y láctea, y en otras industrias en Vermontâ€�, dijo él en inglés.
Tebbetts dijo que la deportación de dichos trabajadores afectarÃa severamente a la economÃa de la agricultura. Y él dijo que su agencia observará de cerca todos los próximos movimientos de Trump.
“Y si necesitamos reaccionar, lo vamos a hacer�, dijo Tebbetts. “Pero creo que ahora hay mucha especulación sobre lo que está pasando, y solo necesitamos tomar una pausa y evaluar la situación y estar listos para cuando se necesite actuar�.
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